Los límites de los gobernadores regionales ¿Cuáles serán sus verdaderas atribuciones?

El reemplazo de los actuales intendentes por gobernadores regionales, y su convivencia con delegados presidenciales, ha dado lugar a confusiones, incluso en los debates de los medios, donde los candidatos y entrevistadores se han referido a facultades que en caso de ser electos no tendrán.

A poco más de un mes que se produzca la asunción en sus cargos de las dieciséis nuevas autoridades regionales, electas por voto directo de la ciudadanía, la forma en que se instalarán, sus funciones y las competencias que ejercerán siguen sin estar claras. El Congreso sigue tramitando proyectos de ley que deberían dilucidar varios puntos, pero hasta ahora, como lo señalara el senador Alejandro Navarro la semana pasada, “los gobernadores regionales llegan desnudos al nuevo cargo”.

Un asunto que ha causado gran controversia han sido las funciones que realmente deben ejercer las nuevas autoridades, ya que en los distintos debates se les ha escuchado a las y los candidatos realizar promesas que han levantado cejas en los administrativistas, por no corresponder al ámbito de la nueva institución regional.

¿Cuáles son las principales diferencias entre el ámbito de acción de los actuales intendentes y los gobernadores regionales electos democráticamente

El intendente es una figura designada por el Presidente de la República y que lo representa en las respectivas regiones del país. El Gobernador es una autoridad electa que representa a la ciudadanía ante los otros organismos del Estado. Eso actualmente es algo que cuesta imaginar, pero una vez instaladas las 16 autoridades se podrá expresar de manera más clara y precisa.

Otra diferencia dice relación con las facultades y prerrogativas de orden público, paz social y seguridad de los territorios que actualmente tienen los Intendentes y que los Gobernadores no podrán ejercer, aunque sí tendrán la misión de impulsar las políticas y programas que orienten y empujen el desarrollo social, económico y cultural de la región. Es decir, los gobernadores no tendrán atribuciones directas con la capacidad operativa de las policías, sino que serán los delegados presidenciales, extensión de los actuales intendentes, quienes tendrán esa responsabilidad

“La tercera gran diferencia tiene que ver, sobre todo, con el manejo de recursos. El Intendente posee una capacidad importante y casi discrecional sobre el manejo de recursos públicos sectoriales expresados en las fuentes de financiamiento de cada programa regional de los respectivos ministerios y servicios públicos y, también, una incidencia en la orientación de los recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR). El o la gobernadora en cambio, tendrá una atribución única y exclusivamente con el FNDR, por lo tanto, cuando un ministro, subsecretario o jefe de servicio necesite complementar un proyecto como por ejemplo un hospital regional, que actualmente se cofinancia con recursos públicos de nivel central con aportes regionales, se negociará de manera distinta pues la autoridad del gobernador podrá concurrir al proyecto, pero, por ejemplo, podría solicitar un mayor equipamiento para los hospitales ya existentes en la región o una mayor inyección de recursos en materia de prevención sanitaria”.

Justamente respecto del FNDR es que se produce una situación compleja a la hora del ejercicio del cargo de Gobernador Regional. Dado que la reforma separó la función de gobierno interior y coordinación de servicios públicos desconcentrados, de la función de administración regional se produce una anomalía pues el Gobernador Regional como presidente del Consejo Regional es el responsable de ejecutar, priorizar e invertir el FNDR, pero quien designa y coordina a los servicios públicos desconcentrados, y tiene la superioridad jerárquica es el delegado presidencial regional.

En la ley corta actualmente en el Congreso hay dos materias relevantes para aminorar esta anomalía que significa que una autoridad designada siga teniendo superioridad jerárquica sobre seremis, porque actualmente el Intendente no tiene estos problemas, pues concentra todas las funciones. La función que también es problemática es la de enfrentamiento de las emergencias, que están supeditadas a seguridad interior. El COE (Comité Operativo de Emergencia) queda a cargo del delegado presidencial, pero la ley le asigna una función al Gobernador Regional, por lo que aquí también se produce una cohabitación.

La ley corta que tramitó el Senado se agregó la posibilidad que el Gobernador pueda convocar a reuniones de gabinete regionales a los seremis, pues de lo contrario ello quedaría supeditado simplemente a la voluntad política de cada autoridad sectorial.

Esta incorporación permitiría a la nueva autoridad para que llame las veces que sea necesario al seremi o director del servicio para reorientar la orientación de acuerdo a la estrategia regional de desarrollo e incorpora a la vez un incentivo a la coordinación, porque hoy la ley tal como quedó, le asigna al delegado presidencial la función de hacer presente en las necesidades de la región a los niveles centrales del gobierno a través de los seremi. Con el cambio en el Senado, ese tipo de gestiones ahora las puede hacer el delegado, pero en coordinación con el Gobernador Regional, evitar así potenciales conflictos y que la coordinación sea obligada, por decirlo de alguna manera.

Otro asunto que ha sido largamente debatido es el de las atribuciones del Gobernador en el área de seguridad interior en esto, las nuevas autoridades no tienen ninguna función, ya que ellas les corresponden exclusivamente a los Delegados Presidenciales, sin embargo, sí pueden elaborar políticas regionales de seguridad ciudadana.

Muchos gobiernos regionales la tienen como también tienen políticas de agricultura, de deportes, turismo o fomento productivo. Se trata de definiciones estratégicas que toman los gobiernos regionales para invertir recursos o priorizar inversión, es decir, un gobernador regional de la RM por ejemplo, no tiene ninguna facultad para llamar a las 8 de la mañana al jefe de la policía de investigaciones o de Carabineros para que le den cuenta de las materias de seguridad y orden público de la RM, porque esa es una función del delegado. El gobernador podría sí decidir invertir en seguridad, por ejemplo, comprando más carros policiales para Carabineros, pero no puede ordenar a las policías restaurar el orden público, no puede ordenar que se haga un operativo policial de sorpresa en un sector conflictivo, porque eso es todo prerrogativa del delegado presidencial. “Los gobernadores pueden prometer construir hospitales, más cuarteles de policía por comuna u otras cosas, pero todo ello solo puede hacerlo a través de la gestión y si no consigue los recursos con el Gobierno central, entonces se tratará de una promesa incumplida”

Presupuesto y competencias a la chilena o la cultura del “ahí vamos viendo”

Dado que la fecha de asunción al cargo de las nuevas autoridades electas está prevista para el 14 de julio, efectivamente uno de los principales asuntos que deberán enfrentar estas nuevas autoridades será el presupuesto del 2022 que ya estará en discusión, pues las conversaciones entre la Dirección de Presupuesto, los gobiernos regionales y la Subdere inician durante junio, por lo tanto, los gobernadores se instalarán en medio de un proceso presupuestario ya bastante avanzado y habrá que ver cuál será el espacio que el Gobierno les dejó en esta materia.

Otra situación que se dará, es que los consejeros regionales se renovarán en noviembre, por lo tanto, hay casi 5 meses en que el Gobernador Regional deberá convivir con un Consejo Regional que tiene tres años de existencia y cuya renovación con alternativas distintas también se expresará en algunas regiones.

Además, el Gobierno ya solicitó que los intendentes iniciaran la discusión de los ARI (Anteproyecto Regional de Inversión) 2022, pero son los Gobernadores los que deben velar por ese uso de recursos, por lo que nuevamente se produce un tope de funciones.

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