Las tierras indígenas reclamadas costarían lo mismo que cinco años de jubilaciones universales

Podría implicar un gasto para el Estado de 20.400 millones de dólares

«La propiedad de las tierras indígenas goza de especial protección. El Estado establecerá instrumentos jurídicos eficaces para su catastro, regularización, demarcación, titulación, reparación y restitución».

De este modo queda consagrado en el borrador de nueva Constitución lo relativo a las tierras de pueblos originarios. Además, se estipula que «el Estado reconoce y garantiza conforme a la Constitución, el derecho de los pueblos y naciones indígenas a sus tierras, territorios y recursos. La propiedad de las tierras goza de especial protección”.

¿Cómo reparará y restituirá el Estado las tierras indígenas que indica la propuesta de Carta Magna que será sometida a plebiscito el 4 de septiembre? La respuesta aún no es clara en un tema que ha causado polémica por la cantidad de terrenos y montos que podrían estar involucrados.

La consultora Atisba, del arquitecto Iván Poduje, realizó un estudio para conocer los territorios en donde se encuentran los denominados títulos de merced que corresponderían a los pueblos originarios en cuatro regiones: La Araucanía, Bío Bío, Los Ríos y Los Lagos.

Debido a la urbanización de las zonas, la cantidad de población, las escuelas, viviendas, proyectos inmobiliarios y comercio en esas zonas, concluyen que la «restitución es inviable».

Y agregan: «La única salida sería compensar a las comunidades indígenas por las tierras urbanizadas». De ahí que se calculó un valor de 20.400 millones de dólares.

Poduje: «Se va a acentuar el conflicto con los pueblos originarios»

“El artículo podría no concretarse nunca lo que va a acentuar el conflicto con los Pueblos Originarios. Esto ocurre por el nivel de improvisación con que se ha hecho. Se genera una expectativa gigantesca”, señala el arquitecto y urbanista Iván Poduje.

En esta misma línea, la economista y académica del ESSE Business School de la Universidad de los Andes, Cecilia Cifuentes, plantea: «Se están generando una expectativa en esta materia que es irrealizable».

Y advierte: «Alguien podría decir que el gobierno está haciendo una reforma tributaria, pero tampoco hay recursos disponibles para procesos de compras de tierras. Además, la nueva Constitución incorpora una gran cantidad de derechos sociales que va a tener que financiar el Estado, y que absorbe todo lo que puede recaudar una reforma tributaria”.

Sobre el monto del estudio de Atisba, que calculó un monto necesario de 20.400 millones de dólares, Cifuentes señala: «Equivale a cinco años del pago de Pensión Garantizada Universal. Pese a que es un monto que va a ser creciente en el tiempo, hoy es aproximadamente de cuatro mil millones de dólares para financiar probablemente la política pública social más cara que tiene el país”. 

En cuanto al estudio de Atisba, Poduje explica que lo primero se hizo fue dar con toda la información pública que constituyen polígonos de títulos de merced, y que han sido definidos por la Conadi (Corporación Nacional de Desarrollo Indígena).

Complementa: “Además, se cruzó la información con mapas censales, cartografías y fotos aéreas, para determinar qué actividades están localizadas dentro de títulos de merced que son 2.777 en 51 comunas y que abarcan una superficie de 644 mil hectáreas. Los sitios de comunidades indígenas se pueden detectar claramente porque son pocas casas, de baja densidad con 300 o 400 viviendas en territorios muy grandes”.

El estudio también examina lugares como Licanray y Calafquén que están dentro de títulos de merced. Poduje agrega: “Si ese fuera el criterio para restituir tierras involucraría a Panguipulli (1/3 de la ciudad), pero especialmente sectores de Coihueco, Puyumen y Chauquén, sectores que rodean  lagos, y que tienen casas de altísimo valor.

Entre los puntos con mayor densidad de títulos están en el camino entre Villarrica y Licanray.  “En algunos casos es inviable restituir esas tierras porque están ocupadas por poblaciones completas, localidades y balnearios. Por otro lado, los puntos más complejos están en toda la periferia de Temuco, Padre de las Casas, Licanray, Pucón, Panguipulli y Coñaripe”, apunta.

Y retoma: “Si en estos lugares se aplica el criterio de títulos de merced se tendría que reorganizar o afectar a 420 mil habitantes y 173 mil viviendas. Además, hoteles, restaurantes, comercios, industrias, etc. Como eso no es factible, tienes que compensar a las personas propietarias de esos títulos. La implicancia de una restitución económica sería enorme ante la imposibilidad de devolver las tierras que están ocupadas con viviendas”.

Cecilia Cifuentes: «Un 80% del gasto responde a leyes y el gobierno no tiene recursos disponibles para algo así»

Al retomar la restitución de tierras, Poduje subraya que un problema es que muchos de esos títulos fueron absorbidos por el desarrollo urbano, pero precisa: “Hay varios títulos que se han devuelto como a la comunidad Temucuicui. Cuando superpones los títulos sobre las fotos áreas cambian los cultivos, sobre todo alrededor de zonas forestales. A esto se suma que, según lo que se detectó, los títulos más complejos no han sido devueltos porque no están habitados por comunidades indígenas”.

Desde una perspectiva económica y de Estado, la econonomista Cecilia Cifuentes ejemplifica con lo que significa restituir las tierras económicamente: “El gasto público es de 70 mil millones de dólares, pero no se trata que uno diga ‘bueno tomemos 20 mil millones de ese gasto y desviémoslo a esa compra de tierras’. Gran parte del gasto público está determinado por ley. Un 80% del gasto responde a leyes y el gobierno no tiene recursos disponibles para algo así”.

¿Y salir a pedir plata el extranjero? La economista responde: “Cuando inversionistas externos, instituciones y fondos de inversiones compran bonos de un gobierno, exigen un retorno a cambio, y también ven la probabilidad de pago. El gobierno se endeudaría, pero el problema es cuál sería el retorno si paga por estas tierras que ahora probablemente tienen algún tipo de función productiva o comercial, pero si se entregan a los pueblos originarios, que hemos visto que no se destinan la tierra para fines productivos, dejaría de entrar plata”.

A pesar de que hay coincidencia en que existe un problema de improvisación, Poduje indica que es muy importante que se determine cuál va a ser el criterio para restituir las tierras y no generar expectativas irreales en las comunidades considerando el conflicto que se vive hoy.

En ese sentido, el arquitecto añade que hay casos donde hay acciones violentas y títulos de merced. “Un ejemplo de esto es la periferia de Temuco que tiene mucho ataque y atentado en zonas con títulos. Es un tema álgido, que requiere precisión, y poca ambigüedad”.

Demandas sociales o restitución de tierras

Para tomarle el peso a los 20.400 mil millones de dólares que expone el estudio de la consultora Atisba, El Líbero consultó con expertos en políticas públicas para determinar a qué equivale ese valor que implicaría a restitución de tierras.   

Pero antes, experto en políticas públicas explica cómo se llega a los 20.400 millones de dólares. “En primer lugar, al número de viviendas (173.706) se le asignan tentativamente un valor de UF 3.000. Al multiplicar esto da el valor total de la restitución de viviendas que es de UF 521.118 millones”, precisa.

Además, “en base a los mapas se calcula el área de comercios de 107.000 metros cuadrados. Si se pagarán UF 30 por metro cuadrado de comercio (son 90.400) y UF 10 por industria (son 16.600) esto sumaría UF 904.000”.

Así, por ejemplo, el gasto que implicaría corresponde a la construcción de 87 hospitales de alta complejidad. O podrían ser 3.700 Cesfam. En el área educacional, con los más de 20 mil millones de dólares se podrían construir 12.450 escuelas o más de 18 mil salas cunas.

Otro factor para entender el costo de la restitución de tierras, es el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). Con el monto del estudio se podría extender por otros seis meses el IFE universal.

Comisión «juez y parte» para la restitución de tierras

De vuelta a la Comisión de Normas Transitorias. En ese estado quedó el artículo transitorio tras no lograr los dos tercios. Estipulaba la creación de Comisión Territorial Indígena para la restitución de tierra.

El artículo plantea que dentro del plazo de un año desde la entrada en vigencia de la nueva Constitución, el Presidente de la República creará por decreto la Comisión Territorial Indígena, y que “tendrá un plazo de funcionamiento de ocho años, renovables por cuatro años adicionales».

Entre sus funciones: «Elaborar catastros y establecer mecanismos concretos de solución, planes, políticas y programas para la regularización, titulación, demarcación, reparación y restitución de tierras indígenas, los que deberán ser cumplidos y ejecutados por los órganos competentes.

Previo a su votación ya generaba controversia en las redes sociales. El convencional Alfredo Moreno posteó un hilo al respecto. Donde plantea: «Lo que resuelva esta Comisión de restitución será de obligatorio cumplimiento para todo órgano del Estado. Y tendría una duración de 8 a 12 años.

Y agregó en su posteo: «Es decir hasta el 2035 esta Comisión irá por Chile exigiendo tierras para restituir a los 11 pueblos originarios. Esta Comisión demarca y restituye, es juez y parte. No tiene contrapesos. Y sus decisiones impactan a la macrozona sur, pero no exclusivamente. Porque son 11 pueblos».

Sobre este organismo encargado de la restitución de tierras, la Comisión de Normas Transitorias deberá hacerle los ajustes necesarios para que el artículo vuelva a ser votado en el pleno del 14 de junio.

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